Se pone de manifiesto de nuevo la doble vara de medir de la Fiscalía, que no ha hecho nada ante el cobro de comisiones por parte de representantes socialistas de la Junta andaluza.
Chaves destinó 10 millones de euros a la empresa Matsa, apoderada por su hija
Chaves gasta 2,2 millones solo en mármol para el suelo de su residencia
REDACCION HO.- Financiación ilegal del Partido Socialista a través de organismos de la Junta de Andalucía durante la etapa de Manuel Chaves y en la actualidad. Esa es la acusación que formula hoy el Partido Popular tras la aparición de unas grabaciones en las que dos representantes del gobierno regional andaluz exigen dinero a unos empresarios. Tras el caso Matsa y las subvenciones a la empresa de su hija, Chaves ha de hacer frente a las grabaciones del caso Mercasevilla.
En las cintas hechas públicas hoy, el actual director de Mercasevilla, Fernando Mellet, y director adjunto, Daniel Ponce, reclaman comisiones a empresarios del grupo hostelero La Raza argumentando que se trata de una práctica muy habitual en la Junta andaluza. Los políticos, ambos del PSOE, dicen en las cintas:
"La junta tiene un esquema muy claro. Yo colaboro con quien colabora. De todas la subvenciones que habitualmente recibimos siempre hay que destinar una parte a donde la Junta nos dice".
Fernando Mellet y Daniel Ponce explican a los empresarios que, de las subvenciones que se reciben (en su caso 900.000 euros) hay de destinar una parte "a donde la Junta en cada momento nos dice". Ponce afirma en la grabación:
"La Junta nos dice esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis. Pues serán para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis, y nos imponen una serie de condiciones. La Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: 'Yo colaboro con quien colabora'."
En las cintas uno de los empresarios llama "impuesto revolucionario" a esa colaboración reclamada y que, según Ponce, les traería otros beneficios, como subvenciones para los cursos que se puedan impartir en la escuela o la contratación en ésta de todos los catering que encargue Mercasevilla y otras empresas públicas.
En la grabación Ponce mantiene que la subvención de 900.000 euros que la Junta concedía a la escuela es más cuantiosa que la recibida por cualquier otra:
"A ninguna escuela de hostelería de Andalucía le han dado lo que a nosotros nos dan. Si no funcionase, no pasa nada, porque la Junta no te va a quitar las cocinas después".
En otro momento de las grabaciones, el responsable de la empresa pública de abastos afirma que la Junta sabe que los presupuestos "se hacen como se hacen" y que "la administración pone para recibir". Del mismo modo, llegan a asegurar que Mercasevilla "paga una comisión por haber conseguido" su Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Mellet afirma:
"Yo, cuando a mí me consiguen una subvención del tipo ERE (...) yo, por razones obvias, al 'conseguidor' tengo que pagarle una comisión."
Esteban González Pons ha asegurado que las grabaciones evidencian que el PSOE se financiaría ilegalmente mediante subvenciones de la Junta de Andalucía:
"Según las cintas y las personas que intervienen, que son cargos públicos, el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía."
El vicesecretario de Comunicación del PP, que compareció junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, sostiene que, a la vista de las conversaciones que contienen esas cintas, el PSOE "incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta de Andalucía para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas".
Por su parte, el portavoz del PP en el consistorio hispalense acusó a los socialistas de convertir "dinero blanco en negro y dinero público en dinero B" en beneficio de sus propios intereses.
Los populares afirman que las conversaciones ponen de manifiesto que la Junta "cobraba comisiones por todo" y "blanqueaba el dinero a través de fundaciones".
González Pons y Zoido hicieron referencia conocimiento que Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía cuando se destapó el caso, ha tenido desde que el mismo se dio a conocer, el pasado mes de febrero.
Para ambos, el actual vicepresidente tercero del Gobierno estaba informado "al dedillo de todo lo que había pasado en Mercasevilla" y, sin embargo, los socialistas ni si quiera cesaron a los responsables de la empresa pública.
En el mismo sentido, consideran que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también habría recibido información sobre el mismo desde que se conoció públicamente y tampoco actuó. Los populares anunciaron que exigirán responsabilidades en el Congreso de los Diputados.
Con la denuncia pública realizada hoy, el PP pretende poner de manifiesto la "doble vara de medir" que la Fiscalía y la Policía tienen para actuar ante indicios delictivos similares dependiendo de quién los protagonice:
"El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, no actúa con la misma diligencia y fuerza si detrás está el PP o el PSOE."
Para González Pons la actuación de la Fiscalía es de "brazos caídos". El Fiscal General del Estado actúa "a cien por hora si es el PP" y "persigue a los políticos hasta más allá de la línea que marca la presunción de inocencia" pero se "quedan quietos" y "levanta el pie del acelerador" si los afectados pertenecen al PSOE:
"Si estas grabaciones en lugar de referirse al PSOE, se hubieran referido al PP habría intervenido el Fiscal General del Estado, la Audiencia Nacional, habría prisiones incondicionales
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