Después del incremento en dos años de la edad de jubilación, el gobierno metropolitano español ha puesto en marcha una nueva contrarreforma laboral. Justo antes de que se conociera en qué iba a consistir, los dirigentes de UGT y CCOO descartaron por completo la convocatoria de una huelga general. En expresión de Cándido Méndez, «la paz social es un bien que hay que preservar en cualquier caso» y, por lo que se ve, un “bien” que está por encima de los intereses de los trabajadores.
Sin embargo, el gobierno de Zapatero es consciente del amplísimo rechazo popular que genera la ampliación de la edad de jubilación. Las nuevas medidas contra la clase obrera no podían ser anunciadas de golpe: hay que ir introduciéndolas con vaselina, de forma difusa y sin concretarlas de entrada.
Una vez más, los sindicatos hacían de mamporreros, anunciando que se va por buen camino, que lo poco que se atisba es “aceptable” y que, en cualquier caso, hay que separar este tema de la prolongación de la vida laboral antes de tener derecho a una pensión. No vayamos a liarla que la tropa se puede sublevar. Ni que decir tiene que la patronal está encantada con la que se avecina.
Sin embargo, en un vago y prolijo documento, el gobierno español apunta cuáles van a ser esas medidas. La primera es el abaratamiento del despido, generalizando el contrato indefinido con indemnización de 33 días por año trabajado (con un límite de dos años) en detrimento del contrato con indemnización de 45 días por año.
El contrato de 33 días, creado por el gobierno del PP y destinado en teoría a “trabajos de difícil inserción”, está actualmente limitado a determinados sectores y, en esos casos, a jóvenes entre 16 y 30 años, mayores de 45 años, mujeres desempleadas en ocupaciones de menor índice de empleo femenino y discapacitados. De lo que se trata ahora es de generalizarlo a todos los jóvenes y todos los parados.
Lo cierto es que se trata de un tipo de contratos que ha fracasado y cuya generalización no va a crear más empleo. Las últimas cifras del Ministerio de Trabajo español referidas al año 2009 indican que el año pasado se firmaron 602.804 contratos indefinidos con una indemnización de 45 días por año, mientras que, por el contrario, se sellaron 189.183 contratos con un despido de 33 días por año trabajado.
Este fracaso ha sido más evidente en el colectivo con mayor número de desempleados: los jóvenes. Si hace una década se firmaban 314.715 contratos con despido más barato, hoy ese número se ha reducido a la tercera parte (105.089). De la misma forma que han fracasado las bonificaciones a las empresas por la contratación de jóvenes, para las que se han gastado 10.485 millones de euros en los últimos tres años.
Mientras exista una amplia gama de contratos temporales (sin indemnización alguna), los contratos indefinidos, que apenas son el 7% del total de los que se firman, están condenados al fracaso por mucho que se abarate el despido, ya que los empresarios seguirán recurriendo al trabajo precario, que les sale más a cuenta.
Zapatero introduce cierta cháchara en este punto sobre “perseguir la temporalidad injustificada”, incluyendo una hipotética asunción, por parte de las empresas que recurran más a la contratación temporal, de una parte de las prestaciones por desempleo derivadas de la finalización de estos contratos. Lo primero es irrealizable en la práctica y de muy difícil demostración: no hay inspectores para irregularidades laborales objetivables, menos para farragosos asuntos de apreciación de “más” o de “menos”. En cuanto a lo segundo, de no desaparecer en el acuerdo final con patronal y sindicatos, sólo significaría que los empresarios van a contratar sólo a aquellos cuya finalización de contrato no le suponga derecho a cobrar el paro. Ya se sabe: hay que bajar el déficit.
La situación es aún peor si se tiene en cuenta que la ley prevé sólo 20 días de indemnización para cualquier contrato indefinido en caso de despidos “por causas económicas”, lo que, con la actual recesión, sirve de enganche jurídico a cualquier despido.
En dirección contraria a la generación de empleo estable va también la propuesta de ampliar los contratos a tiempo parcial, para el que se anuncian dos modalidades: una con horario fijo y otra con horario flexible para que las empresas “se puedan adaptar a los cambios en sus procesos productivos”. En la práctica, eso supone que muchas trabajadoras y trabajadores se van a ver abocados a trabajar toda la jornada con contratos de media jornada, y si reclaman esa diferencia de “horas extras”, se les rescinde, y punto.
En cuanto a la implantación del llamado “modelo alemán” –reducción de la jornada a la mitad y cobrar sólo el 75% del sueldo, 50% a cargo de la empresa y 25% a cargo de las prestaciones por desempleo (que va agotando el trabajador) -, además de ser enormemente perjudicial para los trabajadores, se ve dificultada por su coste para el Estado, con un déficit público que ya supera el 11,4%. Eso sí: Zapatero ha anunciado que quiere autorizar más expedientes de regulación de empleo (ERE) y agilizar su tramitación. A la calle más rapidito.
Hay algunos elementos, además, especialmente preocupantes. En el horizonte está la desaparición de las bonificaciones a la contratación de parados mayores de 45 años. Y, por si fuera poco, Zapatero quiere que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) entren en los Servicios Públicos de Empleo, lo que supone, en la práctica, un paso irreversible para su privatización.
Por último, hay una medida que no se explicita, pero en la que se quiere avanzar cuanto antes: la sustitución de los convenios generales por rama y sector por convenios sólo de empresa. Esta transición se facilitará mediante la universalización de “cláusulas de descuelgue” de las empresas, alegando “razones económicas”.
La nueva vuelta de tuerca está ya en marcha, y lo que se quiere ahora es que no chirríe demasiado. Para esto se cuenta con la inestimable ayuda de unos sindicatos comprados con dinero público y acomodados a una vida burocrática totalmente podrida. Lo que no sólo caracteriza a UGT y CCOO, sino a otros sindicatos que salen más baratos al Estado sólo en función de su menor tamaño. Eso no descarta alguna que otra “manifestación” para hacer ver que se hace algo y mantener cierto paripé ante el descrédito que sufren ante la inmensa mayoría de los trabajadores.
Su principal preocupación es impedir a toda costa la rebelión de los trabajadores. La labor de los ciudadanos trabjadores, desbodar a esas cúpulas de burócratas vendidos al enemigo de clase. Esta es ahora la batalla.
Sin embargo, el gobierno de Zapatero es consciente del amplísimo rechazo popular que genera la ampliación de la edad de jubilación. Las nuevas medidas contra la clase obrera no podían ser anunciadas de golpe: hay que ir introduciéndolas con vaselina, de forma difusa y sin concretarlas de entrada.
Una vez más, los sindicatos hacían de mamporreros, anunciando que se va por buen camino, que lo poco que se atisba es “aceptable” y que, en cualquier caso, hay que separar este tema de la prolongación de la vida laboral antes de tener derecho a una pensión. No vayamos a liarla que la tropa se puede sublevar. Ni que decir tiene que la patronal está encantada con la que se avecina.
Sin embargo, en un vago y prolijo documento, el gobierno español apunta cuáles van a ser esas medidas. La primera es el abaratamiento del despido, generalizando el contrato indefinido con indemnización de 33 días por año trabajado (con un límite de dos años) en detrimento del contrato con indemnización de 45 días por año.
El contrato de 33 días, creado por el gobierno del PP y destinado en teoría a “trabajos de difícil inserción”, está actualmente limitado a determinados sectores y, en esos casos, a jóvenes entre 16 y 30 años, mayores de 45 años, mujeres desempleadas en ocupaciones de menor índice de empleo femenino y discapacitados. De lo que se trata ahora es de generalizarlo a todos los jóvenes y todos los parados.
Lo cierto es que se trata de un tipo de contratos que ha fracasado y cuya generalización no va a crear más empleo. Las últimas cifras del Ministerio de Trabajo español referidas al año 2009 indican que el año pasado se firmaron 602.804 contratos indefinidos con una indemnización de 45 días por año, mientras que, por el contrario, se sellaron 189.183 contratos con un despido de 33 días por año trabajado.
Este fracaso ha sido más evidente en el colectivo con mayor número de desempleados: los jóvenes. Si hace una década se firmaban 314.715 contratos con despido más barato, hoy ese número se ha reducido a la tercera parte (105.089). De la misma forma que han fracasado las bonificaciones a las empresas por la contratación de jóvenes, para las que se han gastado 10.485 millones de euros en los últimos tres años.
Mientras exista una amplia gama de contratos temporales (sin indemnización alguna), los contratos indefinidos, que apenas son el 7% del total de los que se firman, están condenados al fracaso por mucho que se abarate el despido, ya que los empresarios seguirán recurriendo al trabajo precario, que les sale más a cuenta.
Zapatero introduce cierta cháchara en este punto sobre “perseguir la temporalidad injustificada”, incluyendo una hipotética asunción, por parte de las empresas que recurran más a la contratación temporal, de una parte de las prestaciones por desempleo derivadas de la finalización de estos contratos. Lo primero es irrealizable en la práctica y de muy difícil demostración: no hay inspectores para irregularidades laborales objetivables, menos para farragosos asuntos de apreciación de “más” o de “menos”. En cuanto a lo segundo, de no desaparecer en el acuerdo final con patronal y sindicatos, sólo significaría que los empresarios van a contratar sólo a aquellos cuya finalización de contrato no le suponga derecho a cobrar el paro. Ya se sabe: hay que bajar el déficit.
La situación es aún peor si se tiene en cuenta que la ley prevé sólo 20 días de indemnización para cualquier contrato indefinido en caso de despidos “por causas económicas”, lo que, con la actual recesión, sirve de enganche jurídico a cualquier despido.
En dirección contraria a la generación de empleo estable va también la propuesta de ampliar los contratos a tiempo parcial, para el que se anuncian dos modalidades: una con horario fijo y otra con horario flexible para que las empresas “se puedan adaptar a los cambios en sus procesos productivos”. En la práctica, eso supone que muchas trabajadoras y trabajadores se van a ver abocados a trabajar toda la jornada con contratos de media jornada, y si reclaman esa diferencia de “horas extras”, se les rescinde, y punto.
En cuanto a la implantación del llamado “modelo alemán” –reducción de la jornada a la mitad y cobrar sólo el 75% del sueldo, 50% a cargo de la empresa y 25% a cargo de las prestaciones por desempleo (que va agotando el trabajador) -, además de ser enormemente perjudicial para los trabajadores, se ve dificultada por su coste para el Estado, con un déficit público que ya supera el 11,4%. Eso sí: Zapatero ha anunciado que quiere autorizar más expedientes de regulación de empleo (ERE) y agilizar su tramitación. A la calle más rapidito.
Hay algunos elementos, además, especialmente preocupantes. En el horizonte está la desaparición de las bonificaciones a la contratación de parados mayores de 45 años. Y, por si fuera poco, Zapatero quiere que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) entren en los Servicios Públicos de Empleo, lo que supone, en la práctica, un paso irreversible para su privatización.
Por último, hay una medida que no se explicita, pero en la que se quiere avanzar cuanto antes: la sustitución de los convenios generales por rama y sector por convenios sólo de empresa. Esta transición se facilitará mediante la universalización de “cláusulas de descuelgue” de las empresas, alegando “razones económicas”.
La nueva vuelta de tuerca está ya en marcha, y lo que se quiere ahora es que no chirríe demasiado. Para esto se cuenta con la inestimable ayuda de unos sindicatos comprados con dinero público y acomodados a una vida burocrática totalmente podrida. Lo que no sólo caracteriza a UGT y CCOO, sino a otros sindicatos que salen más baratos al Estado sólo en función de su menor tamaño. Eso no descarta alguna que otra “manifestación” para hacer ver que se hace algo y mantener cierto paripé ante el descrédito que sufren ante la inmensa mayoría de los trabajadores.
Su principal preocupación es impedir a toda costa la rebelión de los trabajadores. La labor de los ciudadanos trabjadores, desbodar a esas cúpulas de burócratas vendidos al enemigo de clase. Esta es ahora la batalla.
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